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Las aseguradoras piden al Gobierno que apruebe un seguro de dependencia
Las principales aseguradoras y empresas prestadoras de servicios geriátricos reclamaron ayer al Gobierno que regule por ley la participación del sector privado en la asistencia a personas mayores dependientes.
Compañías como La Caixa, Adeslas, Winterthur, Allianz, Confide o Cevasa - agrupadas en el Instituto Edad&Vida - pidieron la creación del seguro de dependencia, que garantice a sus titulares asistencia complementaria a la que ofrece la Seguridad Social. "El seguro sería mixto: con financiación pública y privada", explicó Higini Raventós, presidente de Edad & Vida. El Estado cubriría, vía impuestos, las situaciones de gran dependencia (básicamente enfermos crónicos), en función de la renta del individuo, mientras que el resto de niveles de asistencia lo pagarían los propios usuarios. El Instituto Edad & Vida ha elaborado un estudio conjuntamente con la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en el que se concluye que el 34% de las personas mayores de 65 años que hay en España dependen de otra persona, generalmente un familiar. Tan sólo un 4,7 por ciento recibe asistencia domiciliaria pública y un tres por ciento está internado en una residencia. Según el estudio, en España se destina un 0,6 por ciento del PIB (3.505 millones de euros o medio billón de pesetas) a la asistencia a personas dependientes, un porcentaje parecido a países como Italia o Portugal, pero inferior al del resto de economías de la UE. A la luz de estos resultados, Raventós concluyó que "en España hay un déficit de 91.000 plazas de atención residencial y es necesario reconvertir las 110.000 que ahora ya existen". A su juicio, serían necesarias inversiones de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), por lo que ofreció la "colaboración" del sector privado.
La Organización de las Naciones Unidas alertó ayer sobre el envejecimiento de la población mundial en el horizonte de los próximos cincuenta años y su impacto sobre los sistemas de protección social.
Así, en 2050 el 21% de los habitantes del mundo tendrá más de 60 años, lo que supondrá en números absolutos dos mil millones de personas. Frente a este nivel de envejecimiento, la baja natalidad en la mayoría de los países desarrollados hará que la relación de personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años pase de nueve a cuatro en los próximos cincuenta años. En España, el 16,2% de la población es mayor de 65 años, es decir, 6,5 millones de personas. Si no mejora la tasa de fecundidad, que es una de las más bajas del mundo con 1,1 niños por mujer, los españoles mayores de 65 años serán el 19,8% en 2020, según el último informe del Ministerio de Trabajo sobre las personas mayores en España. Plan de Acción Por todas estas razones, la II asamblea mundial sobre el envejecimiento que la ONU celebrará la semana que viene en Madrid aprobará un plan de acción internacional para favorecer con estrategias a medio y largo plazo la participación de los mayores en la vida social y laboral. Precisamente, en la propuesta que la Unión Europea va a presentar en Madrid para este plan de acción, los Quince abogan por el retraso de la jubilación y la formación continua de los trabajadores, sobre todo, los de mayor edad. En este punto, la UE reitera su objetivo de conseguir que la edad media de jubilación en 2010 sea de 63 años desde los 58 años de la actualidad. Para ello, los Quince advierten sobre la necesidad de garantizar un crecimiento sostenido y unas finanzas públicas saneadas para garantizar el mantenimiento de los sistemas de protección.
El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los grandes retos del siglo XXI. La II Asamblea Mundial de la ONU, que empieza hoy en Madrid, estudiará las soluciones para hacer compatible el problema demográfico con el Estado de Bienestar
El problema del envejecimiento de la población coincide con lo que las Naciones Unidas considera con un momento "de riqueza y capacidad tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad" para hacer posible el bienestar y la participación social de los mayores, cualquiera que sea el país en el que vivan. Estos son los dos planteamientos que centran la Estrategia Internacional de Acción sobre el Envejecimiento para el siglo XXI, sobre la que la comunidad internacional quiere cerrar un documento en la asamblea mundial que las Naciones Unidas celebran hoy en Madrid. Según el secretario general adjunto de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, Nitin Desai, "el hecho de que vivamos más años no es un problema, el problema es que no tenemos una economía y una sociedad que se adapte al logro de vivir más tiempo". La asamblea arrancará con el 90% de un Plan de Acción Internacional consensuado. El envejecimiento de la población es el fruto del aumento de la esperanza de vida y de una caída de la natalidad, mucho más acusada en los países desarrollados. Así, en los últimos cincuenta años la esperanza media de vida en el mundo ha pasado de 46 años a 66 años. Pero también Naciones Unidas calcula que en el periodo comprendido hasta 2050, los ciudadanos mayores de 60 años pasarán de representar del 10% al 21% de la población mundial. Las personas de 60 años pasarán de representar 600 millones a 2.000 millones. Sin embargo, si bien el envejecimiento es un fenómeno que empieza a afectar a todos los continentes, su repercusión no es la misma dependiendo del grado de desarrollo. Así, "mientras los países industrializados han podido envejecer gradualmente, las naciones en desarrollo afrontan este problema con la necesidad de procurar el crecimiento de sus economías de forma simultánea con el envejecimiento". Dicho de otra manera, las naciones menos desarrolladas no tienen los mismos recursos que los países industrializados para garantizar la protección social de los ciudadanos. Así, la ONU pone de manifiesto que mientras en los países desarrollados - sobre todo en la Unión Europea -, los sistemas de Seguridad Social abarcan al conjunto de la población, en los países en vías de desarrollo, los sistemas de protección social "son más pequeños y hacen que los grupos de población sean vulnerables a los impactos del mercado. Las transformaciones económicas y la hiperinflación, donde la ha habido, han afectado a sectores enteros de población y, en particular, a los pensionistas y a las familias con niños". Por todas estas razones, en sus propuestas, Naciones Unidas plantea que los Gobiernos deben habilitar una renta mínima para las personas de edad, junto a una protección social básica. Igualmente, Naciones Unidas plantea un programa de acción con el fin de conseguir el 50% de la alfabetización de los adultos para el año 2015. Todas estas propuestas se pueden resumir en el objetivo que Naciones Unidas propone para la asamblea de Madrid, que es reducir a la mitad la situación de pobreza en las personas mayores de 60 años para el año 2015. Junto a todas estas iniciativas dirigidas principalmente a los países en vías de desarrollo, Naciones Unidas también ha presentado para la asamblea de Madrid otros planteamientos que centran el debate en el mundo desarrollado. Por ejemplo, destacan la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral "mediante la aplicación de la jubilación flexible y la eliminación de todas las formas de retiro forzoso". En esta línea avanza por ejemplo, el acuerdo que el Gobierno español firmó el pasado año con CEOE y CCOO, pero también las propuestas de la pasada cumbre de Barcelona, que hizo un llamamiento a la UE para conseguir que la edad media real de jubilación se retrase de los 58 años a los 63 años en el periodo comprendido hasta 2010. La ONU estima, incluso, que "el empleo continuado de los trabajadores mayores no reduce necesariamente las oportunidades de trabajo para los más jóvenes". Otras propuestas de la ONU aluden a la necesidad de procurar el derrollo económico del mundo rural, para evitar la emigración de los más jóvenes a los núcleos urbanos en busca de trabajo.
La tasa de personas de más de 65 años que viven solas en las tres capitales supera la del interior.
El 90% de mayores sin compañía carece de ayuda a domicilio El porcentaje de los mayores de 65 años que viven solos es más alto en las tres capitales que en gran parte de las comarcas del interior de la Comunidad. Casi 100.000 de las 640.000 personas de la tercera edad no tienen compañía. De los 97.928 valencianos que no residen con ningún familiar, sólo el 9,8% recibe ayuda a domicilio. P. HUGUET (VALENCIA) La soledad de los mayores no sólo se produce en las desplobadas aldeas del interior. La tasa de personas de 65 años o más que no viven acompañadas es superior en las ciudades de Valencia, Castellón y Alicante que la media de la Comunidad y gran parte de las comarcas. Aproximadamente, uno de cada seis valencianos de más de 65 años (el 15,45%) no reside en compañía de nadie. La población mayor de la Comunidad es de 640.349 personas. De todos ellos, 97.928 viven solos, según los datos de la Conselleria de Bienestar Social. Las mayores tasas de soledad de las personas con más de 65 años se producen en las comarcas del Rincón de Ademuz (24,58%) y l'Alt Maestrat. Sin embargo, este desarraigo familiar también existe en las zonas urbanas. La ciudad de Valencia, la Plana Alta (donde está Castellón) y l'Alacantí superan los porcentajes de mayores sin compañía de buena parte de las comarcas del interior de la Comunidad. En el caso de Valencia, destaca especialmente que la tasa de los 20.827 mayores que viven solos en la ciudad (el 17,34% del total) es superior a los porcentajes de su área metropolitana: 12,98% en l'Horta Oest (4.169), 15,69% en l'Horta Nord (3.531) y 17,12% en l'Horta Sud (2.976). En esta provincia, también resaltan las cifras de importantes comarcas, según el número total de habitantes, como la Safor y la Ribera Alta. En estas zonas, el 18,65% y el 18,40% de las personas de más de 65 años residen sin compañía. La ciudad de Alicante y su comarca registran la tasa de soledad en la llamada tercera edad más alta de toda la provincia -8.279 persons mayores de 65 años carecen de compañía (el 15,64% del total)-, a excepción de l'Alcoià y el Comtat. En Castellón, únicamente la tasa de la Plana Baixa (15,39%) es inferiora la media autonómica de personas mayores que viven solas. El resto de comarcas están por encima y convierten a esta provincia en la zona de la Comunidad Valenciana que más sufren una de las consecuencias sociales más graves del envejecimiento de la población: la soledad. Del total de las personas mayores que viven solas, sólo una de cada diez (el 9,8%) recibe ayuda a domicilio; es decir, el traslado de un profesional de servicios sociales al propio domicilio. Esta asistencia llega a 9.600 usuarios. Con el objetivo de paliar estas carencias asistenciales, la Conselleria de Bienestar Social que dirige Rafael Blasco ha doblado en los últimos seis años las ayudas para el cuidado del mayor dentro del ámbito familiar, para evitar el traslado a una residencia de ancianos. En 1996, un total de 3.343 mayores recibieron este tipo de atención, frente a las 6.086 personas de más de 65 años en 2001. Actualmente otros 6.016 mayores están concetados al servicio de teleasistencia y reciben ayuda inmediata con sólo pulsar un botón. |